Estamos viviendo una de las peores sequías en la historia de nuestro país. La temporada de lluvias se acerca en gran parte del país, pero podría no ser suficiente para sopesar el déficit pluvial de 2020 y los incrementos en la demanda. Podríamos estar viviendo un punto de inflexión, una mirada hacía el futuro cercano y lo que podría ser vivir sin agua. Debemos tomar este asunto con la urgencia que suplica.
Las cifras son alarmantes, las 210 presas con reservas para consumo doméstico se encuentran al 46.4% de capacidad y las de riego al 33.1%. Más de la mitad de los municipios del país presentan condiciones de sequía según la CONAGUA extendidos a lo largo de todo el territorio mexicano, con el norte, noroeste, la zona del Bajío y el sur del país. Estas son algunas de las regiones más importantes para la agroindustria que se verá severamente afectada.
Además, gran parte del sector agro aún depende de las lluvias de temporal por falta de infraestructura suficiente para el riego. Esta situación podría afectar a algunos de los principales cultivos en nuestro país, de los cuales dependen millones de trabajadores y consumidores como el azúcar, la carne, el maíz y muchos más. La sequía podría conducir a una escasez en algunos productos y aumentar el precio de la canasta básica.
Para enfrentar este gran problema, existen varios caminos. Primero, es importante recalcar cómo se distribuye el consumo de agua en nuestro país, según datos de la CONAGUA, el 76.6% del agua se destina a la agricultura. 14.5% al consumo doméstico, 4.9% a la generación de electricidad en plantas termoeléctricas y 4% a la industria. Esto debería de servir como guía para plantear críticas y propuestas de política pública.
Como mencionamos anteriormente, gran parte del consumo de agua para la agricultura es de temporal. Esto quiere decir que no es posible controlarlo o someterlo a algún tipo de política distributiva. Tradicionalmente, el camino que se toma para enfrentar una sequía es racionar la cantidad de agua que se ofrece, es así porque para las autoridades resulta más fácil controlar la oferta de agua, además de ser menos costoso en términos políticos que aumentar los precios para disminuir la demanda.
Sin embargo, sostener un precio tan bajo para el agua tiene costos enormes para nuestro país, en primer lugar porque ese precio se sostiene artificialmente bajo por medio de subsidios para todo tipo de consumidor. Y en segundo lugar, porque el tener un precio tan bajo hace que no se valore ni se cuide el consumo del agua porque no afecta el bolsillo de los consumidores, desperdiciamos recursos. Además, al no cobrar el precio real del agua, todo el sistema opera con pérdidas lo cual no permite que se hagan las inversiones necesarias para modernizar, eficientar y reparar la infraestructura que sostiene el sistema y que podría ayudar a disminuir las pérdidas económicas y materiales.
A pesar de los esfuerzos, esto serviría únicamente para tratar los síntomas y no para curar la enfermedad del paciente. Podríamos hacer mejor uso de los recursos hídricos de nuestro país, pero la verdadera causa de la crisis va más allá del tema del agua, es un tema de política ambiental que traspasa incluso las fronteras de nuestro país. Urge una política ambiental seria y global para atacar el calentamiento global, de no ser así los síntomas de esa enfermedad serán cada vez más graves y se presentarán más seguido en forma de sequías, inundaciones, muerte de ecosistemas, entre otros.