La propuesta de reforma al sistema eléctrico nacional implica un riesgo en materia de competencia y de sustentabilidad. Esta propuesta propone llevar al centro del mercado energético a la Comisión Federal de Electricidad con un posible costo en el bolsillos de los consumidores y en el derecho a un medio ambiente limpio de todos.
En primer lugar, la reforma implica un mayor control del Estado sobre el mercado energético. Propone la centralización y monopolio de la industria eléctrica, dándole una posición a la CFE para determinar la oferta y manipular los precios de la electricidad.
Además, se propone cancelar los permisos de generación eléctrica privados, al igual que los contratos de compraventa de electricidad. Se prevé que esto podría generar desabasto, ya que no se propone un remplazo para el aproximadamente 30% de energía que actualmente abastece la IP.
Quizá uno de los puntos más graves de esta propuesta es la desaparición de los órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Esto significa que nadie vigilará el buen funcionamiento de la CFE.
Eliminar a los reguladores implica la desaparición de los Certificados de Energías Limpias. Esto es, la eliminación de uno de los pocos instrumentos diseñados para incentivar la construcción de infraestructura para la generación de energías limpias.
Lo anterior podría significar una violación del TMEC y un conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá, además de un golpe a la confianza sobre las inversiones en nuestro país por no cumplir con tratados internacionales y por el golpe a la inversión privada.
Para que avance esta reforma, se requieren 334 votos en la Cámara de Diputados. Actualmente, Morena y aliados suman 227, por lo que necesitan 57 votos adicionales, los cuales únicamente PAN y PRI podrían aportar de manera particular.