De 2009 a 2019, el gasto anual en pensiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación se triplicó y llegó a ser más del 20% del Gasto Programable, estos números solo aumentarán en los próximos años. Previendo la inviabilidad del sistema de pensiones mexicano, se cambió la ley en 1997 para pasar a un sistema de cuentas individuales gestionado por las Afores, cambio insuficiente y que presenta sus propios problemas.
En números brutos, tenemos tres grupos: el primero son los mexicanos que no tendrán acceso a la seguridad social ni a una pensión que representa al 60% de la población, el segundo son aquellos que están afiliados al IMSS que representa el 30% de la población y el tercero son los afiliados al ISSTE, PEMEX o alguna otra institución del Estado.
Este último grupo recibe una pensión con solo 30 años de servicio, sin hacer alguna aportación y con el 100% de su último sueldo. Estas condiciones para el retiro son muy dispares respecto al sector privado y limitan significativamente las posibilidades de otorgar mayor apoyo o algún tipo de seguridad social al 60% que representa el primer grupo.
El segundo grupo se divide en dos, los sujetos a la ley del 73 y los sujetos a la ley del 97. Para los del 73, quien hace el pago de las pensiones es el Gobierno Federal y se calcula con base en el promedio salarial de los últimos años laborales con ciertos topes y requisitos, mientras que para los del 97, quien hace el pago es una institución privada, aseguradora o Afore y se calcula con base en las aportaciones individuales.
Este sistema de retiro tiene muchas deficiencias: en primer lugar, México es el país de la OCDE con aportaciones obligatorias más bajas, solo 6.5% que se compone de 1.125% de aportaciones del trabajador, 5.15% del empleador y 0.225% el gobierno, cifra muy por debajo del promedio de 15% de la OCDE; en segundo lugar, México es uno de los países con comisiones más caras, el doble del promedio de Chile, país a quien copiamos este modelo.
Se estima que un trabajador que gana $10,000 al mes recibirá el 26% de esto como pensión, es decir, que alrededor del 70% de los trabajadores mexicanos que ganan eso o menos obtendrán como máximo $2,600 mensuales mientras que los trabajadores del Estado recibirán muchos más beneficios.
Este escenario deja alrededor de 90% de la población vulnerable económicamente para su vejez, lo cual significa que la responsabilidad recaerá en sus hijos o familiares que, a su vez, impide la movilidad social y el acceso a una tercera edad digna y sin preocupaciones, al mismo tiempo que al 10% se le ofrecen beneficios que no vamos a poder pagar.
Es por eso que una reforma al sistema de pensiones está en orden, unificar todos los regímenes y distribuir los beneficios al mismo tiempo que se libera la carga fiscal para poder atender los problemas de nuestro país, la propuesta de la Asociación Mexicana de Actuarios reduciría el costo actual de las pensiones de más del 3% del PIB a 0.82%.